Este artículo investiga la relación entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema de justicia penal en México, centrándose en aspectos clave. Se destaca el concepto de Estado constitucional de derecho y su importancia para garantizar la legalidad y la protección de los derechos en el sistema de justicia penal. Se exploran temas relevantes como los derechos humanos, la protección de los pueblos indígenas, el acceso a la información, el registro de detenidos y la intervención de comunicaciones privadas, resaltando la importancia de salvaguardar los derechos individuales y colectivos en el ámbito de la justicia penal. Además, se examinan otros aspectos relevantes, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, el sistema integral de justicia para adolescentes, la designación de defensores públicos y la asesoría a víctimas y ofendidos, destacando la necesidad de un sistema de justicia penal completo y accesible que garantice la igualdad y la protección de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso penal. Entre otros aspectos, se destaca la relevancia de las leyes generales y la competencia concurrente, así como la importancia de la jurisprudencia y el derecho de amparo en el sistema de justicia penal mexicano. En resumen, este artículo analiza la relación entre la Constitución y el sistema de justicia penal en México, enfatizando la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la justicia penal y garantizar un sistema jurídico acorde con los principios constitucionales.